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La calidad del aire en el Estado español durante 2019
moratoria para las nuevas grandes explotaciones ganaderas intensivas; y una fiscalidad
ambiental que corrija de manera inmediata el favorable tratamiento otorgado desde
hace años a la aviación y a los vehículos diésel, causantes estos últimos del 80% de las
emisiones contaminantes del tráfico urbano e interurbano.
f Una prueba de la gravedad de la situación y de la falta de actuación relevante de las
Administraciones es la remisión de España ante el Tribunal de Justicia Europeo, realizada
por la Comisión Europea en julio de 2019, por el incumplimiento reiterado de los límites
legales de dióxido de nitrógeno en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, como
resultado del procedimiento de infracción abierto en 2015 en relación a este contami-
nante, coincidiendo con el anuncio de reversión de la zona de bajas emisiones Madrid
Central realizado por el nuevo Gobierno municipal de la capital (de momento impedida
por la justicia). Otro expediente de infracción anterior iniciado en enero de 2009 por el
incumplimiento de la normativa comunitaria sobre calidad del aire respecto a las partí-
culas PM
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no ha sido elevado al Tribunal, probablemente por la caída desde entonces
de los niveles de este contaminante, actualmente sobre los límites en muy pocas zonas.
f La reciente crisis sanitaria de la Covid-19 ha corroborado que la reducción del tráfico en
las ciudades tiene claros efectos en la disminución de la contaminación, algo que a su vez
supone una importante mejora de la salud pública. Así, los niveles de NO
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se desplomaron
un 58% de media en las 26 principales ciudades españolas, entre el 14 de marzo y el 30
de abril de 2020, lo que supone una mejora de la calidad del aire sin precedentes. Por
ello, Ecologistas en Acción esta desarrollando una campaña bajo el lema “Confinemos
los coches, recuperemos nuestro espacio (www.ecologistasenaccion.org/143873), para
reclamar a las administraciones una reducción drástica del uso del vehículo motorizado
privado, que permita redistribuir el espacio urbano para fomentar la movilidad activa
peatonal y ciclista, al tiempo que se potencia el transporte público urbano e interurbano,
con una financiación pública suficiente.
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